Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- Expresando consternación por el hecho de que la Fiscalía haya archivado nuevamente más de 2,000 casos de víctimas de esterilización forzada ocurridos en la década de los noventa y sólo haya presentado cargos en 7 casos de manera individual;

- Instando a las autoridades a revisar esta decisión para garantizar una revisión efectiva de las denuncias y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares que se hayan visto afectados por esterilizaciones forzadas;

- Recordando a las autoridades su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda persona sin discriminación basada en el género, la raza o la situación económica.

Contra su voluntad
Vuelven a negar justicia a más de 2.000 mujeres
104 firmas

La Fiscal encargada de investigar las denuncias contra autores indirectos de la esterilización forzada de más de 2,000 mujeres indígenas y campesinas viviendo en pobreza, decidió archivar la mayoría de los casos, negándoles nuevamente su derecho a la Justicia.

El 27 de julio, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima desestimó nuevamente las denuncias contra los supuestos autores indirectos de esterilizaciones forzadas de más de 2,000 mujeres, cometidas en la década de los noventa en Perú. Estos casos representan tan solo una pequeña parte de mujeres esterilizadas forzadamente en esos años.

Las investigaciones sobre estos casos fueron cerradas en enero de 2014, pero fueron reabiertas el 10 de mayo de 2015 debido a la insistencia de las víctimas y la presión de organizaciones nacionales e internacionales. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima fue encargada de investigar estos graves hechos y pidió dos extensiones del vencimiento del período de sustentación en agosto de 2015 y febrero de 2016.

La decisión de la Fiscalía se tomó a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones de instancias superiores para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. De las víctimas incluidas en la investigación, solo siete casos serán derivados de manera individual al Poder Judicial para su procesamiento  en los tribunales. Los demás casos investigados quedarían archivados.

En más de una oportunidad, Amnistía Internacional ha solicitado a la fiscalía que procesara a todas las personas que hayan participado en estas graves violaciones a los derechos humanos sea como autores intelectuales, materiales, mediatos o bajo cualquier otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean estos civiles o militares.

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